Las revelaciones de los Panama Papers en 2016 sacudieron al mundo y dejaron en claro una realidad: las sociedades offshore no son solo herramientas utilizadas por corporaciones y expertos financieros, sino también por pequeños contribuyentes, celebridades y políticos que han intentado gestionar su patrimonio de manera discreta.

La idea de ahorrar impuestos mediante una sociedad offshore en países de baja tributación y beneficiarse del anonimato sigue siendo muy atractiva. Sin embargo, lo que a primera vista parece una estrategia financiera inteligente puede convertirse rápidamente en un campo minado fiscal.

• ¿Qué obligaciones fiscales conlleva?
• ¿Dónde está la línea entre la optimización fiscal legal y la evasión fiscal ilegal?

En este artículo analizamos las regulaciones aplicables en España, la UE y a nivel internacional, y exploramos especialmente los riesgos asociados con el uso de estructuras offshore.

Las sociedades offshore en perspectiva

Una sociedad offshore es una entidad jurídica registrada en un país distinto al de residencia del propietario o socio. Cuando carece de sustancia, su principal atractivo radica en la baja tributación de sus ingresos sin transferirlos directamente a los socios.

Las ventajas típicas de estas estructuras incluyen:

1. Beneficios fiscales: Algunos países ofrecen impuestos corporativos reducidos o incluso inexistentes. De esta manera, ingresos que normalmente estarían sujetos al impuesto sobre la renta pueden ser gravados de manera mínima o incluso quedar exentos.
2. Anonimato: Muchas jurisdicciones offshore garantizan un alto grado de confidencialidad.
3. Menos regulación: Normativas administrativas menos estrictas en comparación con países con regulaciones más exigentes.

Obligaciones fiscales para residentes en España

En España rige el principio de renta mundial, lo que significa que todas las rentas obtenidas a nivel global por residentes fiscales en España deben ser declaradas y tributadas. Por lo tanto, la participación en sociedades offshore no exime a los contribuyentes de sus obligaciones fiscales en España.

Las bases legales más relevantes incluyen:

1. Ley General Tributaria (LGT): Obliga a declarar todos los activos e ingresos.
2. Modelo 720: Declaración informativa detallada sobre bienes y derechos situados en el extranjero.
3. Reglas CFC (Controlled Foreign Corporation): Los ingresos obtenidos por sociedades extranjeras registradas en jurisdicciones de baja tributación pueden ser imputados y gravados en España como si fueran ingresos personales del propietario.

Ejemplo: El caso de una LLC en EE.UU.

Un empresario residente en España crea una Limited Liability Company (LLC) en Delaware, EE.UU., para aprovechar las ventajas fiscales y la escasa obligación de divulgación de información. Aunque la constitución de la LLC es legal, la Agencia Tributaria española puede considerar que se trata de una entidad transparente, lo que implica que todos los ingresos generados por la LLC deben tributar en el IRPF del empresario en España, salvo que la empresa tenga una gestión y operación real en EE.UU.

Requisitos de sustancia

Para evitar que una sociedad offshore sea considerada una sociedad ficticia (o "empresa buzón"), es fundamental que tenga sustancia económica real en el país donde está registrada.

Los elementos clave para cumplir con este requisito incluyen:

1. Oficina y sede operativa: Debe haber una presencia física con una dirección real, infraestructura y medios de producción (no solo un apartado de correos).
2. Personal: Debe contar con empleados en el país que desempeñen funciones esenciales.
3. Actividad económica: La empresa debe realizar transacciones comerciales y actividades operativas reales.
4. Gestión y control: Las decisiones estratégicas deben tomarse en el país de constitución.

Las regulaciones sobre sustancia derivan de una combinación de normativas nacionales, directivas de la Unión Europea (UE) y estándares internacionales promovidos por la OCDE.

Si estos requisitos no se cumplen, la Agencia Tributaria española puede considerar que la sociedad ha sido creada con fines exclusivamente fiscales y gravar en España las rentas generadas en el extranjero. Esta evaluación sobre la sustancia también es aplicable a sociedades españolas (S.L.), por lo que recomendamos consultar nuestro artículo sobre [Evasión fiscal a través del uso indebido de sociedades].

Regulaciones internacionales y medidas de transparencia

España es parte del Common Reporting Standard (CRS) de la OCDE, un sistema de intercambio automático de información financiera entre países. Esto significa que las entidades financieras extranjeras están obligadas a proporcionar datos sobre activos y rentas de contribuyentes españoles a la Agencia Tributaria.

Además, la Directiva Anti-Elusión Fiscal (ATAD) de la UE juega un papel crucial en la lucha contra la planificación fiscal agresiva. Esta normativa exige que los Estados miembros implementen reglas para garantizar que las empresas dentro de la UE tengan una sustancia económica real. Entre sus medidas destacan:

• Identificación de sociedades ficticias.
• Correcta tributación de ingresos trasladados a entidades offshore.

España también ha implementado la iniciativa BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) de la OCDE, diseñada para prevenir la erosión de bases imponibles y la transferencia artificial de beneficios a jurisdicciones de baja tributación.

Para más información sobre fiscalidad internacional, consulte nuestro artículo [Fiscalidad internacional y transparencia fiscal].

Consecuencias del incumplimiento

Las sanciones por no declarar la participación en entidades offshore siguen vigentes e incluyen:

1. Multas económicas: Aunque las sanciones fueron ajustadas tras la sentencia del TJUE en 2022, la omisión en la presentación del Modelo 720 puede derivar en penalizaciones significativas.
2. Reclamaciones tributarias: Las rentas no declaradas pueden estar sujetas a impuestos adicionales e intereses de demora.
3. Responsabilidad penal: En casos graves, el incumplimiento puede derivar en consecuencias penales.

Conclusión: La transparencia es clave

Para los residentes en España, el uso de sociedades offshore puede ofrecer ventajas legítimas, pero también implica importantes obligaciones fiscales y legales. La transparencia y el cumplimiento normativo son esenciales para evitar riesgos.

Antes de constituir y operar una sociedad offshore, es recomendable contar con un asesoramiento fiscal y legal especializado para garantizar su correcta utilización y prevenir posibles sanciones.

Para expatriados que trasladan su residencia a España, el régimen especial conocido como Ley Beckham puede ser una opción interesante durante los primeros cinco años, ya que permite tributar a un tipo fijo del 24% y exime de la obligación de declarar rentas extranjeras en este período. Más información en nuestro artículo [Ley Beckham: Tipo fijo del 24% para expatriados].

Desde nuestra firma, le ofrecemos un análisis detallado de su situación, gestionamos los trámites administrativos necesarios y le asistimos en la presentación de sus declaraciones fiscales.

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